Tierra del Fuego: la elección constituyente quedó anulada y sigue la disputa judicial

La elección de 15 convencionales constituyentes que Tierra del Fuego había convocado para el 9 de agosto de 2026 no se realizó y ya no tiene un cronograma vigente. El Juzgado Electoral Provincial anuló el Decreto 751/26 y todos los actos derivados de la convocatoria; después, la Ley Provincial 1626 abrogó la Ley 1529, que había declarado necesaria la reforma parcial de la Constitución. Al 16 de septiembre, ninguna decisión pública posterior restableció el comicio ni fijó una nueva fecha.

La sentencia dictada por la jueza electoral Mariel Zanini en el expediente 2095 sostuvo que la convocatoria fue emitida antes de que quedara firme el fallo que había validado el proceso reformador. El punto controvertido es una queja presentada ante la Corte Suprema: para el Juzgado Electoral, esa vía todavía impedía considerar agotada la discusión judicial. La nulidad alcanzó al decreto firmado el 29 de abril y al calendario que debía ordenar alianzas, candidaturas, boletas y padrones.

El Poder Ejecutivo apeló el 8 de junio y pidió que la Cámara revocara la nulidad. El Juzgado Electoral concedió el recurso el 17 de junio, con efecto no suspensivo, y dispuso su remisión a la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur después de la intervención fiscal. La concesión permitió revisar la sentencia, pero no devolvió vigencia por sí sola a la convocatoria; en las fuentes oficiales y judiciales accesibles no aparece publicada una resolución posterior que haya reactivado aquella elección.

El conflicto tiene un segundo expediente. La Ley 1626 fue sancionada el 30 de abril, quedó promulgada de hecho y se publicó el 10 de junio luego del veto total del Decreto 865/26 y de la insistencia legislativa dispuesta por la Resolución 162/26. Esa norma abrogó expresamente la Ley 1529. El Ejecutivo promovió entonces ante el Superior Tribunal de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la ley derogatoria —informada como expediente 4862/2026— y solicitó una cautelar para recuperar la vigencia del proceso reformador. Tampoco se localizó una decisión pública posterior que haya suspendido la Ley 1626 o restablecido la Ley 1529.

El estado jurídico debe separarse de la controversia política: la nulidad de la convocatoria y la derogación de la ley habilitante producen efectos mientras no sean revocadas o suspendidas por una decisión competente. Las apelaciones mantienen abierta la discusión sobre la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gustavo Melella, pero no equivalen a una convocatoria electoral. Cualquier reanudación exigirá una resolución judicial que modifique el cuadro vigente y, en su caso, un nuevo acto que establezca fecha y cronograma.