La CNE pidió al Congreso definir con anticipación las reglas para 2027

La Cámara Nacional Electoral pidió al Congreso que cualquier reforma aplicable a los comicios de 2027 sea tratada y sancionada con la anticipación necesaria para preservar la previsibilidad y la integridad del proceso. Lo hizo mediante la Acordada CNE N.º 155/2026, fechada el 8 de septiembre y firmada por Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas.

El pronunciamiento abarca eventuales cambios en el régimen electoral, los partidos políticos y el financiamiento de las campañas. La Cámara advirtió que modificar categorías de cargos, requisitos para los partidos, mecanismos de selección de candidaturas, instrumentos de votación o controles financieros exige adecuaciones complejas en los juzgados federales, los sistemas y las organizaciones políticas. No identificó ni respaldó un proyecto concreto, ni emitió una opinión sobre su mérito o conveniencia.

Para fundamentar el llamado, el tribunal citó dos pautas internacionales. El manual de observación de la justicia electoral de la OEA considera idóneo introducir modificaciones entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso; el Código de Buenas Prácticas de la Comisión de Venecia sostiene que los elementos fundamentales del derecho electoral no deberían modificarse menos de un año antes de una elección. La acordada utiliza esas referencias como estándares de anticipación, no como una prohibición legal impuesta al Congreso.

La CNE también tomó como antecedente la suspensión de las PASO nacionales de 2025, aprobada en marzo de ese mismo año. Según el documento, pese a la Acordada 37/2025 que instó a adecuar los mecanismos internos, casi todas las agrupaciones contendientes recurrieron a designaciones sin voto directo de sus afiliados: hubo una sola alianza exceptuada entre 626 partidos intervinientes.

El estado jurídico es oficial, pero su alcance debe leerse con precisión: la Acordada 155/2026 no modifica una regla electoral, no suspende las PASO de 2027 y no fija una fecha límite vinculante. Sí constituye una advertencia institucional formal que reduce el margen operativo para demorar reformas y fue comunicada al Congreso, la Vicejefatura de Gabinete del Interior, la DINE, los juzgados federales electorales y el Consejo Consultivo de Partidos Políticos.